✂️ Comienza el Make America Healthy Again

El Health and Human Services Department anunció que despedirá a 10,000 empleados para "optimizar funciones y reducir costos". Con esto, la FDA, CDC y NIH perderán gran parte de su personal. El objetivo (según RFK Jr.): enfocarse en prevenir enfermedades crónicas con mejor alimentación y agua limpia. ¿El problema? Ya 10,000 trabajadores habían renunciado desde que la nueva administración asumió. Con este recorte, la plantilla del HHS se reducirá un 25%.

🚫 Objetivo: acabar con Planned Parenthood 

Grupos antiaborto intensifican su presión para quitarle financiamiento a Planned Parenthood antes de una importante audiencia en la Corte Suprema. Su estrategia: bloquear fondos de Medicaid que recibe la organización. ¿Lo que no se dice? Menos del 5% de los servicios de Planned Perenthood son abortos, el resto incluye anticonceptivos, chequeos de cáncer y pruebas de ETS.

🛑 Green Cards en pausa (para casos específicos)

La administración suspendió el proceso de green card para ciertos refugiados y asilados, alegando un supuesto fraude en las solicitudes. La decisión deja a miles de personas en un limbo legal. Mientras tanto, aquellos que ya pasaron todos los filtros de seguridad y llevan años en Estados Unidos siguen sin poder avanzar en el proceso de residencia permanente.

📱 Impulsan ley para evitar otro Signalgate

Los legisladores demócratas impulsaron un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que busca prohibir el uso de aplicaciones privadas (como Signal) para compartir información clasificada del gobierno. El Houthi PC Small Group Act impondría hasta cinco años de cárcel y multas de $250,000 a quienes usen plataformas externas para temas sensibles.

✋🏻 La recontratación de empleados se mantiene

Un tribunal de apelaciones rechazó el intento de la administración de frenar la recontratación de 16,000 empleados federales despedidos. La Casa Blanca argumenta que eran recortes por "bajo rendimiento", pero el juez afirmó que los despidos fueron un intento de “eludir las leyes y regulaciones que rigen la reducción de la fuerza laboral al perseguir a los trabajadores en periodo de prueba”. 

¿Qué tienen en común Luisiana y Texas? Que ambos estados son el escenario perfecto para el procesamiento de inmigrantes por parte de la administración ¿Y el debido proceso? Parece que nadie (del gobierno) sabe qué significa ni cómo se aplica. La Casa Blanca–en este momento– está eligiendo a los tribunales de inmigrantes en los cuales se presentarán los casos en un entorno legal que solo beneficia a una parte de la ecuación y, este escenario está provocando una situación muy cuesta arriba para quienes intentan defenderse de las deportaciones del Immigration and Customs Enforcement.

Centro de operaciones. ICE ha trasladado casos importantes a Luisiana como el de la estudiante turca de doctorado de la Universidad de Tuft, Rumeysa Ozturk, detenida en Boston a principios de esta semana. El activista Mahmoud Khalil y el estudiante Badar Khan Suri también fueron llevados rápidamente a Luisiana tras su detención. 

Pero…  ¿Por qué Luisiana es el lugar perfecto para que la administración procese sus casos de inmigración?

• Durante el primer mandato de Trump, Luisiana aprobó una importante reforma judicial para reducir su población carcelaria, dejando muchas prisiones estatales con espacio vacío. En respuesta, el gobierno federal llenó ese vacío con contratos para albergar detenidos de ICE. Hoy, el estado tiene más camas de detención de inmigrantes que cualquier otro, excepto Texas. Esto convierte a Luisiana en un punto clave para la política migratoria de la administración, asegurando espacio suficiente para mantener detenidos a cientos de inmigrantes sin interferencias estatales.

• El traslado de ICE de estudiantes, tanto residentes permanentes como internacionales, a centros de detención en Luisiana está dificultando las posibilidades de defensa de los detenidos. Al estar en un estado con menos recursos legales dedicados a inmigración, su acceso a asesoría jurídica es limitado, dándole al gobierno una ventaja en los casos de deportación.

• Los casos suelen terminan en un tribunal de distrito en la jurisdicción del distrito oeste de Luisiana. ¿Cuál es la diferencia? Que justo este es el tribunal más lento de todos los del distrito del estado y extremadamente conservador. “Ahí las órdenes judiciales formales de liberación de detenidos son extremadamente infrecuentes”, explica Mary Yanik, profesora clínica asociada de derecho en la Universidad de Tulane. Traducción: los casos que son enviados a este tribunal en específico siempre van a inclinarse hacia la deportación. 

• ¿Más razones para elegir Luisiana como el centro de operaciones de ICE para procesar casos de inmigración? Sí. "El Quinto Circuito es posiblemente el tribunal federal de apelaciones más derechista del país", según datos del Center for American Progress.

En fin, la administración no eligió Luisiana por casualidad, sino porque ofrece las condiciones ideales para endurecer su política migratoria sin demasiada oposición. Con prisiones reutilizadas como centros de detención, jueces conservadores y un sistema lento que dificulta apelaciones, el estado se ha convertido en el epicentro de casos migratorios, especialmente de los estudiantes universitarios detenidos.

¿Qué pasaría si la información que le confías al gobierno para pagar impuestos terminara usándose en tu contra? ¿Cómo podemos saber cuándo el gobierno está sobrepasando el límite de lo legal? El posible acuerdo entre IRS y el ICE, que permitiría a las autoridades migratorias acceder a datos fiscales para identificar y deportar inmigrantes indocumentados podría marcar una de las etapas de persecución más oscuras en la historia del país. 

Pero, vayamos a los facts. El Código de Impuestos de Estados Unidos protege la confidencialidad de los contribuyentes con reglas estrictas, permitiendo excepciones solo en casos de delitos no fiscales con orden judicial. ¿Esto realmente podría cambiar? ¿Es legal hacerlo? Muchas preguntas, pocas respuestas. Si se permite que los datos tributarios sean utilizados con fines migratorios, ¿qué impediría que en el futuro se utilicen para otras cosas? 

Mientras tanto, las primeras respuestas ya dicen mucho: el juez Dabney L. Friedrich del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia (designado por Trump en su primer mandato) rechazó una moción de grupos defensores que buscaba impedir que el IRS comparta los datos de los inmigrantes.

Volvamos a los facts. Aquí no solo se trata solo de inmigración, sino de privacidad, confianza institucional y el uso del poder estatal. La confidencialidad fiscal ha sido históricamente un pilar de la economía estadounidense, incentivando a millones a declarar impuestos sin temor a represalias. Romper ese principio no solo dañaría la confianza en el sistema, sino que también podría llevar a consecuencias importantes: muchos inmigrantes podrían no declarar sus impuestos por temor a ser deportados. 

¿El daño colateral? Cerca de $28,000 millones al año en pérdidas fiscales. Solo en 2022, los indocumentados pagaron $96,700 millones en impuestos federales, estatales y locales, según el Institute on Taxation and Economic Policy.

• La Federal Housing Administration ya no dará préstamos a los no residentes: los residentes no permanentes de Estados Unidos ya no podrán optar a hipotecas aseguradas por la FHA. 

• En medio de la tensión por la elección del escaño de Matt Gaetz en Florida el gobierno decidió dejar a la representante Elise Stefanik en la Cámara de Representantes a solo pocos días de su aprobación para el cargo de embajadora ante la ONU.

• El control de Greenland sigue en la lista de deseos: el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos llegará "hasta donde sea necesario" para controlar ese territorio. 

Aparentemente la Casa Blanca pensó que esto era gracioso. ¿Qué piensas tú?

Redactor: Paola Sardiña